Madrid, 20 de octubre de 2014.

 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas, corporaciones representativas de los auditores, tras la reunión del Comité de Auditoría del ICAC celebrada hoy, que incluía en su orden del día el debate sobre el borrador de la nueva Ley de Auditoría, señalan que el ritmo del proceso de elaboración es inadecuado y que la rapidez con la que se está desarrollando impide la reflexión y el trabajo que requiere un proyecto de esta envergadura. Los representantes de los auditores no han querido comentar el contenido ni el desarrollo de la reunión, cumpliendo así su obligación de respetar el carácter secreto de las deliberaciones, no obstante han querido mostrar su desacuerdo con el desarrollo del proceso.

En este sentido, las corporaciones de auditores explican que “el legislador europeo ha señalado como fecha de entrada en vigor en junio de 2016 y ha  uesto énfasis en la necesidad de que los estados miembros se posicionen de forma coordinada sobre las diferentes opciones que pueden ejercitar para su efectiva entrada en vigor. Prueba de la dificultad de este proceso y de lo inadecuado del camino escogido es que la Comisión Europea, prácticamente, aún no ha iniciado sus trabajos para tratar la armonización y aclaración de los puntos más complejos del redactado del Reglamento Europeo, por lo que  nadie, en estos momentos, puede resolver las múltiples dudas de aplicación que en este instante subsisten en el seno de la Unión Europea (UE)”. “Conlleva un elevado riesgo legislar en sentido contrario al del resto de la UE, ya que no se conoce qué opciones de estado miembro serán las más comunes en su aplicación y, por tanto, se desconoce en qué marco de armonización europea se pretende legislar”, añaden.

Asimismo, los auditores denuncian la negativa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a aceptar su propuesta de colaboración y detallan que “desde el pasado 1 de agosto, fecha en la que se entregó el primer borrador a las corporaciones, sólo ha tenido lugar un encuentro para trasladar de forma muy genérica las inquietudes más significativas. No ha habido ninguna reunión de trabajo, propiamente dicha, y no ha habido interlocución alguna antes de la recepción del nuevo texto que se ha remitido al Comité Consultivo de auditoría del ICAC, texto que no sólo no atiende a muchas de las preocupaciones que se manifestaron al ICAC en esa reunión, sino que genera mayor inquietud en algunos de sus artículos”.

Las corporaciones que representan a los auditores trabajan y comparten plenamente los fines para los que se han diseñado la Directiva y el Reglamento, entre los que se encuentran “mejorar la confianza de los usuarios de la información económica financiera que se audita, en especial la de las Entidades de Interés Público (EIP), y reforzar la calidad de las auditorías, fortaleciendo, además, la independencia de los auditores”.

El ICJCE y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas manifiestan que no se sienten parte activa en el proceso de elaboración del actual borrador de Anteproyecto. “Desde un punto de vista meramente técnico, este borrador no está ni medido ni contrastado. Una Ley de Auditoría es sin duda una ley con un altísimo contenido técnico. Es  evidente que no se puede hacer a espaldas de los profesionales del sector que va a desarrollar esta actividad en los próximos años ni de otros reguladores relevantes, como los que forman parte de este Comité. Hay decenas de cuestiones de índole práctico que necesitan mejora, que no son decisiones políticas, son simplemente aspectos técnicos que no pueden implementarse sin contar con el criterio de los auditores. Si esto no se remedia nuestro país, sus auditores, las empresas auditadas y los usuarios de la auditoría quedarán en clara desventaja competitiva con nuestros pares europeos”, comentan.

En consecuencia, los auditores han pedido la retirada del orden del día del debate sobre el borrador circulado.

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