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La Justicia del siglo XXI no puede ser ciega
 
¿Puede un juez tomar una decisión adecuada sobre un delito contable sin la opinión de un auditor acreditado? ¿Se puede decidir sobre el funcionamiento de una instalación industrial compleja sin el dictamen de un ingeniero especializado? ¿Y juzgar un caso de daños de una víctima de accidente de tráfico sin el informe pericial de un médico?
 
Las respuestas a estas preguntas se caen por su propio peso. Como consecuencia de la creciente complejidad de las intervenciones de los jueces, los peritos, tanto los designados por la Administración de Justicia como los contratados por las partes, se han convertido en una pieza cada vez más fundamental del engranaje judicial. Sin la asistencia especializada no es concebible que el sistema funcione de manera eficiente.
 
Sin embargo, el mecanismo que hace posible esta contribución esencial a la Justicia está en riesgo. Los jueces decanos españoles señalaron que la “escasa retribución” que perciben los peritosdesignados por la administración judicial hace que en las causas especialmente complejas las renuncias sean constantes, lo cual obliga a los jueces a “una agotadora y constante labor de búsqueda del perito dispuesto a realizar el oportuno informe”.
 
Las dificultades para encontrar expertos son especialmente intensas en las pruebas periciales contables y financieras, que suelen estar realizadas por auditores. Sin embargo, también atañen a otros cuerpos de profesionales, como economistas, abogados, titulados mercantiles, arquitectos o ingenieros de las distintas especialidades.
 
La preocupante situación de la asistencia pericial a los jueces, lejos de resolverse, puede llegar a empeorar. En la Comunidad de Madrid está en trámite un proyecto de decreto que establece el procedimiento de abono de las peritaciones y que incluye un sistema de honorarios máximos cuya falta de flexibilidad constituye una amenaza cierta para el funcionamiento eficaz del sistema. El proyecto recoge que la tarifa máxima que la Administración puede pagar por una prueba pericial realizada por un titulado superior es de 1.200 euros IVA incluido (algo menos de 1.000 euros de honorarios). Esta retribución máxima es claramente insuficiente en los casos –numerosos en los últimos tiempos– en los que el dictamen pericial requiere un trabajo exhaustivo e incluso exige que se practiquen numerosas pruebas adicionales.
 
El problema se agrava con la proliferación de causas judiciales referidas al ámbito económico, especialmente las relacionadas con la corrupción, que suelen ser muy complejas y cuyos sumarios llegan compuestos por miles de folios. En estos casos, la aportación de los peritos es absolutamente vital. Sin su concurso, los jueces no tienen medios para hacer frente con solvencia a la tramitación de las causas. Los delitos económicos son especialmente enrevesados, difíciles de analizar, incluso para los profesionales con experiencia, y los jueces no tienen la preparación técnica necesaria para interpretarlos.
 
Los auditores estamos totalmente a favor del establecimiento de un sistema transparente y ajustado de tarifas que garantice el uso eficiente de las finanzas públicas. Sin embargo, el sistema debe asignar unos recursos mínimos razonables y suficientes para el cumplimiento de determinadas tareas, con el fin de atraer a los mejores especialistas. De lo contrario, la Administración se expone a que la asistencia pericial sea de baja calidad y/o a que el funcionamiento del sistema judicial se deteriore por la renuncia sistemática de los profesionales cualificados a realizar informes de gran complejidad sin la adecuada remuneración por su trabajo.
 
Pueden consultar el artículo en la página web de Cinco Días.
 
 
Mario Alonso Ayala es presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

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