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"Son muy pocas las iniciativas puestas en práctica en mediación por las administraciones y los partidos políticos"

 

Enero de 2018.

 
El Servicio de Mediación de Auditores (SMAS), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, participa hoy en el Día Europeo de la Mediación, que organiza Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM). El congreso tiene el fin de dar a conocer la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en los diferentes ámbitos socio-económicos. El presidente de la Comisión del SMAS, Carlos Izquierdo, responde a algunas de las cuestiones que se tratan hoy en este Congreso.
 
¿Es necesaria una mayor implicación de las administraciones en la difusión de la mediación?
 
Después de casi seis años desde la publicación de la Ley de Mediación civil y mercantil el recurso de los ciudadanos y empresas a este procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sigue siendo muy escasa, tanto en el acceso voluntario como en la derivación a este recurso por los órganos jurisdiccionales. Si bien es cierto que por parte de la Administración del Estado se ha habilitado información sobre la mediación en la página web del Ministerio de Justicia y del Portal Europeo de Justicia. Es imprescindible que, por parte de las administraciones, especialmente de las autonómicas y locales más próximas a los ciudadanos, se acometan actuaciones para la difusión y fomento de la mediación que permita implantar una cultura de resolución amistosa de los conflictos sin necesidad de acudir a las vías jurisdiccionales.
 
Los proyectos de mediación intrajudicial, ¿se pueden mantener sin una remuneración efectiva de los mediadores?
 
Ningún servicio profesional puede prestarse gratuitamente de forma indefinida sin que incida sobre su calidad. Los mediadores deben ser retribuidos por sus servicios profesionales pero ello no significa que su coste debe repercutirse sobre las personas y empresas que acudan a la mediación pudiendo ser sufragados por las administraciones públicas con cargo a sus presupuestos y, todo ello, en cumplimiento del mandato constitucional del acceso a la tutela judicial efectiva.
 
Salvo contadas excepciones, ¿a qué es debido el poco interés de las administraciones en apoyar la mediación de una forma abierta?
 
Tantos las administraciones como los partidos políticos incorporan de alguna forma en sus programas la difusión y el fomento de la mediación pero, en la práctica, son muy pocas las iniciativas puestas en práctica y con amplia repercusión mediática. Son otras las prioridades políticas y escasos los recursos disponibles debido a los ajustes presupuestarios.
 
No obstante, no dejan de ser plausibles las actuaciones tendentes a su difusión en las escuelas pero la cultura de la mediación tardará muchos más años en interiorizarse si no se apoya con incentivos de más calado incluso aplicando medidas sancionadores.
 
¿La mayoría de conflictos que tratáis cuáles son?
 
Casi en su totalidad referidos al ámbito civil y derivados de contratos entre particulares. Recientemente hemos firmado un convenio con la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) para potenciar la resolución, alternativa a la vía jurisdiccional, de conflictos sobre contratos de productos financieros, así como con empresas de servicios a empleados y clientes.
 
¿En qué punto está la formación de mediadores?
 
Todas las Instituciones de mediación mantienen cursos tanto para el acceso a la mediación como de formación continua. Es necesario potenciar la formación continua para mantener los estándares de calidad que exige la Directiva europea y el reglamento de desarrollo de la Ley de Mediación, especialmente en aquellas materias que no forman parte de la formación de origen de los mediadores y en las propias técnicas de mediación, negociación y control de las controversias.
 
¿Qué tiene que hacer el mediador o la administración para que la gente confíe en estos procesos antes de llegar a un juicio?
 
Los mediadores deben garantizar que cumplen estrictamente con las cualidades exigidas por la Ley, independencia, confidencialidad, profesionalidad y competencia en su actuación. Las administraciones deben de asegurar, de un lado, la confidencialidad, asegurando que la información obtenida en el procedimiento de mediación nunca podrá ser utilizada en las actuaciones judiciales posteriores, y de otro, la ejecutoriedad de los acuerdos de mediación independientemente de la voluntad de las partes.
 
¿Qué es más importante para las empresas, invertir en prevención o en resolución de conflictos?
 
Ambos aspectos son igual de importantes para las empresas, la identificación de las posibles fuentes de conflicto, la implementación de medidas para su detección y la mejora continua de estas medidas son fundamentales, pero de poco sirven si no se articulan también procedimientos para su resolución una vez que el conflicto se genera. Unas buenas prácticas de detección de fuentes, medidas de corrección y procedimientos de resolución extrajudicial de los conflictos, tanto en las relaciones de las empresas con sus empleados y directivos y entre estos entre sí, como con sus proveedores y clientes y las administraciones, generan importantes ahorros para las empresas tanto económicos como reputacionales.

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