Los auditores alertan de los riesgos de elevar los límites para que las empresas tengan que auditar sus cuentas
- El Gobierno presentó recientemente un anteproyecto de Ley que modifica los límites para que una empresa tenga que ser auditada de forma obligatoria. Ello está generando una gran preocupación entre los auditores de cuentas por la reducción de informes y lo que ello supondría de merma en la transparencia económica.
- Los auditores afirman que es un error considerar su trabajo como una carga administrativa cuando se trata de una herramienta que mejora la eficiencia.
- La medida iría en detrimento de la lucha contra la economía sumergida y de la protección de los accionistas minoritarios.
- La aprobación en los términos propuestos implicaría una disminución en la cantidad de empresas auditadas, estimándose una reducción directa de aproximadamente 4.000.
- La propuesta no genera ahorros significativos en las pymes españolas, sino todo lo contrario, ya que todos los avances en control interno dejarían de aplicarse pudiendo generar mayores costes en las empresas a medio plazo.
Madrid, 11 de junio de 2025.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa abrió recientemente un nuevo proceso de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa. El texto publicado, que ya se sometió a una primera consulta hace aproximadamente un año, presenta como novedad principal la modificación de dos de los tres criterios que permiten a las empresas estar exentas de realizar una auditoría de sus cuentas anuales. En concreto, la propuesta prevé que los mencionados criterios, que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas, se incrementen un 25%. Esta medida, de acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, podría suponer que 4.000 empresas dejasen de auditarse.
Aunque la medida no ha sorprendido en el sector, la preocupación es máxima. “Existen algunas voces en el ámbito empresarial y político que siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa. Este error puede hacer que la transparencia en España, que ha tardado más de una década en recuperarse de los efectos de la última gran crisis financiera, que supuso la pérdida de unas 10.000 empresas auditadas, sufra un retroceso significativo”, afirma Víctor Alió, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Esta es una de las principales ideas desarrolladas en el escrito que la Corporación ha presentado en contestación a la consulta planteada por el Ministerio de Economía.
En la misma línea se ha expresado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, quien ha hecho hincapié en uno de los aspectos recogidos en las alegaciones presentadas al ministerio por la corporación que preside. Según Vázquez Taín, “no se puede permitir que, en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, comprometamos la transparencia del sistema económico. Los beneficios de la auditoría de cuentas -para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías- superan con creces sus costes”.
Una merma en la transparencia de las empresas
En opinión de los auditores, tal y como reflejan diferentes estudios y la experiencia de otros países a nivel internacional —Dinamarca, Suecia, Italia— , eliminar las auditorías obligatorias en las pymes generará, con toda seguridad, una merma en la transparencia de las empresas; una reducción en la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las administraciones públicas; un aumento en los errores contables, y, lo que en palabras de Alió “es más preocupante, un mayor riesgo de evasión de impuestos y de otros delitos de carácter económico”.
También se debe tener en cuenta la inversión que han realizado las empresas en control interno derivada de la revisión de las cuentas anuales y del trabajo realizado por el auditor. En este sentido, en opinión del presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España (REA-CGE), Emilio Álvarez, “paradójicamente, el dejar fuera de los límites de auditoría a empresas de este tamaño podría generar mayores costes para ellas. La auditoría de cuentas tiene un impacto directamente relacionado con la solidez del sistema de control interno de la empresa. Reducir el alcance obligatorio de la auditoría debilita la cultura de control e incrementa significativamente riesgos asociados a procesos clave como, por ejemplo, el acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones, donde el fraude puede encontrar un terreno propicio. Además, según Álvarez, “si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, podrían derivar estos costes a la cadena de suministros de empresas más grandes”.
Otro de los problemas que este cambio normativo podría tener está relacionado con la reducción de la competencia en el sector y con la viabilidad de los despachos de auditoría más pequeños. “Mientras que la medida supone un coste insignificante para las pymes españolas, será muy importante para cientos de pequeños despachos de auditoría, poniendo en riesgo su viabilidad y su capacidad para generar empleo” añade Isabel Ezponda, presidenta de la Comisión de Pequeños y Medianos Despacho del ICJCE, quien considera que este problema puede tener además otra consecuencia que iría en contra de uno de los objetivos principales de la última reforma de la Directiva europea que regula la Auditoría de Cuentas y de la Ley de Auditoría de Cuentas española de 2015: reducir el grado de concentración del sector e incrementar los niveles de competencia.
El importe del incremento de los límites propuesto es, también, otro de los aspectos que los auditores de cuentas no terminan de entender. El 25% que se indica en el anteproyecto se corresponde con el aumento que la UE ha aprobado llevar a cabo en los criterios que se usan para definir el tamaño de las empresas —cuya normativa es independiente de la de la auditoría de cuentas— y que se estableció en función del índice de precios en Europa del decenio 2013-2023. En España, tanto el índice general de precios como los precios de los servicios y de la auditoría mantuvieron una evolución notablemente inferior por lo que, en opinión del presidente del ICJCE, “si se usa como referencia el dato de la inflación, lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja”.
A este respecto, el presidente de los economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha afirmado que “incrementar los umbrales de cifra de negocio y total activo de forma automática es un error. Aunque haya habido inflación, esta no ha provocado un incremento de la cifra de ventas, ni mucho menos de las inversiones en nuevos activos en las empresas. Por el contrario, el contexto económico de los últimos años —marcado por fenómenos como la COVID-19, los conflictos bélicos y la inestabilidad geopolítica— ha tenido un impacto negativo en la actividad empresarial y, en consecuencia, en estos indicadores."
Por todas estas razones el ICJCE y el CGE han acordado solicitar al Gobierno y a las principales fuerzas políticas la retirada de la propuesta y han mostrado su predisposición a dialogar con todas las instituciones para corregir este error antes de que el texto sea objeto de debate y aprobación en las Cortes.
Para más información:
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
Departamento Comunicación
Teléfono: 91 446 03 54
E-mail: comunicacion@icjce.es
