El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, destacó que los auditores aseguran que la nueva Ley de Auditoría genera “inseguridad jurídica”, sobre todo en la regulación de las reglas sobre independencia, donde la norma, en muchos casos, es “ininteligible o imposible de cumplir”.

 

Mario Alonso, acompañado del presidente de la Agrupación 6ª del ICJCE, Rodrigo Cabrejas Sanz, de la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, y el presidente del REA-REGA, Carlos Puig de Travy, explicó la situación que crea esta nueva Ley de Auditoría, a los auditores y las empresas, en el Día del Auditor de Valladolid.

 

Los auditores también se quejan de otras muchas cuestiones como la desproporción establecida entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional, o el incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados.

 

Otro de los problemas que suscita la ley es que extiende los requisitos previstos para los informes de auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP) a todo tipo de entidades, desnaturalizando de forma injustificada la diferencia entre ambos, en contra de la normativa de los países de nuestro entorno, algo que perjudicará gravemente a las empresas auditadas. “Por tanto, los objetivos de la reforma europea en materia de auditoría: mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las firmas; abrir el mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, no se van a conseguir con la ley española”, finalizó Mario Alonso.