Los auditores calculan que 150 empresas de las Islas Canarias tendrán que presentar obligatoriamente el informe de información no financiera
Por ello, las entidades afectadas tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la entidad y el impacto de su actividad respecto de las mencionadas cuestiones y deberán utilizarse indicadores clave no financieros, que puedan ser generalmente aplicados, que cumplan las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI), debiendo mencionar en el EINF el marco utilizado para cada materia.
Por otro lado, en el informe anual de gobierno corporativo, que publican las sociedades anónimas cotizadas, será necesario incluir la difusión de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración, en temas como la edad, el género, la discapacidad, la formación o la experiencia profesional.
- El cambio normativo obliga a presentar un informe del impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos y asuntos relativos a la lucha contra la corrupción, entre otros
- La veracidad de esta información tendrá que ser objeto de verificación por un experto independiente
- Los auditores se muestran preocupados por la falta de rigurosidad en la elaboración y en la verificación detectada en algunos informes publicados
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 2019.
150 empresas de las Islas Canarias tendrán que presentar obligatoriamente el informe de información no financiera. 90 de estas compañías corresponderían a Las Palmas de Gran Canaria y 60 a Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la Agrupación Territorial de Las Palmas, Javier Álvarez, acompañado por el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ferrán Rodríguez, presentaron estos datos durante el Día del Auditor, en la sede de CAJAMAR en Las Palmas de Gran Canaria.
“La Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, obliga a estas 150 empresas a presentar este informe, que tiene como objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos, asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno”, explicó Javier Álvarez.
“Si estas empresas de Las Islas Canarias no presentan o verifican la información no financiera, podrían correr el riesgo de que sus cuentas no sean inscritas en el Registro Mercantil”, destacó Javier Álvarez.
Por su parte, Ferrán Rodríguez, mostró su preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información. “La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la sociedad nos está exigiendo”.
Cerca de unas 2.000 empresas se verán afectadas en España
Cerca de 2.000 empresas españolas se verán afectadas y en tres años la cifra podría duplicarse. Si estas entidades, obligadas por ley a elaborar este informe, no presentan o verifican la información no financiera, podría suponer la no inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y el resto de información que las entidades están obligadas a depositar, con el consiguiente perjuicio para la entidad y sus administradores.
Empresas que tendrán que presentar este informe
Las entidades con un número medio de empleados superior a 500 y que, o bien, sean EIP (con independencia de su tamaño), o bien, no siendo EIP tengan un tamaño grande (aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: activo, cifra de negocios o número medio de trabajadores superior a 20 millones de euros, 40 millones de euros y 250 empleados, respectivamente).
Para más información:
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
Departamento Comunicación
Teléfono: 91 446 03 54
E-mail: comunicacion@icjce.es
