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Los auditores calculan que cerca de 300 empresas de la Comunidad Valenciana tendrán que presentar obligatoriamente el informe de información no financiera
 
  • El cambio normativo obliga a presentar un informe del impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos y asuntos relativos a la lucha contra la corrupción, entre otros
  • La veracidad de esta información tendrá que ser objeto de verificación por un experto independiente
  • Los auditores se muestran preocupados por la falta de rigurosidad en la elaboración y en la verificación detectada en algunos informes publicados
 
Valencia, 6 de febrero de 2019.
 
Cerca de 300 empresas de la Comunidad Valenciana tendrán que presentar obligatoriamente el informe de información no financiera. 183 de estas compañías corresponderían a Valencia, 65 a Alicante y 37 a Castellón.
 
El presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Rafael Nava, acompañado por el presidente de la Corporación de Auditores de la Región de París (CCRC), Olivier Salustro, presentó estos datos durante el encuentro mantenido recientemente por ambas corporaciones en Valencia, con el objetivo analizar y compartir información sobre la situación de la profesión de auditoria en ambos países ante los fuertes cambios regulatorios que se están produciendo tanto en Francia como en España y el resto de Europa.
 
“La Ley de Información No Financiera, aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2018, obliga a estas 285 empresas a presentar este informe, que tiene como objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos, asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno”, explicó Rafael Nava.
 
Las entidades afectadas tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la entidad y el impacto de su actividad respecto de las mencionadas cuestiones y deberán utilizarse indicadores clave no financieros, que puedan ser generalmente aplicados, que cumplan las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI), debiendo mencionar en el EINF el marco utilizado para cada materia.
 
Rafael Nava mostró su preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información. “La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la Sociedad nos está exigiendo”.
 
Cerca de unas 2.000 empresas se verán afectadas en España
 
Cerca de 2.000 empresas españolas se verán afectadas y en tres años la cifra podría duplicarse. Si estas entidades, obligadas por ley a elaborar este informe, no presentan o verifican la información no financiera, podría suponer la no inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y el resto de información que las entidades están obligadas a depositar, con el consiguiente perjuicio para la entidad y sus administradores.
 
“La veracidad de esta información tendrá que ser objeto de verificación por un experto independiente, por este motivo, los auditores estamos preocupados por la falta de rigurosidad en la elaboración y en la verificación detectada en algunos informes publicados”, destacó Rafael Nava.
 
Empresas que tendrán que presentar este informe
 
Las entidades con un número medio de empleados superior a 500 y que, o bien, sean EIP (con independencia de su tamaño), o bien, no siendo EIP tengan un tamaño grande (aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: activo, cifra de negocios o número medio de trabajadores superior a 20 millones de euros, 40 millones de euros y 250 empleados, respectivamente).
 
Por otro lado, en el informe anual de gobierno corporativo, que publican las sociedades anónimas cotizadas, será necesario incluir la difusión de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a sus consejos de administración, en temas como la edad, el género, la discapacidad, la formación o la experiencia profesional.

 

 

Para más información:

Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España (ICJCE)
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Teléfono: 91 446 03 54

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