Tal y como ha explicado Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, la región cuenta con 479 firmas de auditoría, el 9% del total de nacional, y con un total de 485 auditores ejercientes.

 

“Es sorprendente el aumento de las peticiones voluntarias de auditoría que se realizó en los años de la crisis, con un incremento del 26% en 2009. Nuestra actividad ha alcanzado unos niveles de calidad excelente y hay que resaltar que esto contribuye no solo a imprimir seguridad, confianza, transparencia y veracidad de la información financiera de las empresas sino también al correcto funcionamiento de los mercados. El trabajo de auditoría supone un plus en términos de eficiencia de los estados financieros”. Una actividad, por tanto, que supone un valor añadido para las empresas, pero cuya regulación y supervisión se encuentra en un proceso de renovación.

 

 

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferrán Rodríguez, ha insistido en la necesidad de reformar el modelo de supervisión de manera ‘urgente’. “El supervisor de los auditores españoles no ha vivido apenas cambios en su estructura desde su creación hace ya varias décadas. Desde el Instituto entendemos que es imprescindible abordar de forma urgente su reforma para poder avanzar hacia la independencia, unos mayores niveles de profesionalización y la convergencia con la Unión Europea”, explicó Ferrán Rodríguez.

 

En su intervención, junto a Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodríguez ha avanzado que esta reforma “podría articularse de más de una manera, siendo la integración en la CNMV una de las alternativas que podría funcionar”. Sin embargo, no se ha mostrado esperanzado respecto a la ejecución en un corto plazo de esta reforma puesto que “este proceso puede producirse antes a nivel europeo que a nivel nacional”. Rodríguez ha indicado que la heterogeneidad de los modelos de supervisión de la auditoría en Europa afecta no solo a los auditores sino también al mercado comunitario y a los inversores.

 

En este sentido, el presidente de la CNMV se ha mostrado proclive a esta posible integración, siempre y cuando se realice de una manera completa. “La integración del ICAC en la CNMV tiene sus ventajas y su atractivo. Es una situación que ya se da en otros países europeos, como Italia, Portugal y Holanda, y que tiene sentido para no multiplicar funciones. Sin embargo, creemos que esta integración debe realizarse de manera completa, sin alterar el funcionamiento ni la organización de nuestra Comisión de Auditoría e integrando también las funciones de la normativa contable que tiene ahora el ICAC”.

 

Albella ha explicado la relación de este organismo con los auditores que “gira esencialmente en torno a la información contable y financiera de los emisores y empresas cotizadas y está orientada a contribuir a su calidad, en beneficio del mercado y de los inversores” y ha destacado el papel crucial y relevante de la auditoría. “Por lo que se refiere a las sociedades cotizadas y emisores de valores y en los mercados financieros y la confianza de sus inversores la información financiera y contable fiable y de calidad es extremadamente importante, pero también en las demás empresas y en general en la sociedad”.

 

 

Las dificultades en la interpretación de la Ley de Auditoría de Cuentas han llevado al colectivo a posicionarse a favor de una modificación de dicha ley, para evitar la incertidumbre. Sin embargo, la actual parálisis legislativa a causa de las repetidas convocatorias de elecciones está lastrando este proceso. “Se trata de una reclamación que los auditores llevamos tiempo haciendo porque nos ayudaría a mejorar la transparencia y la imagen del sector” ha afirmado Rafael Nava.

 

En paralelo a este proceso legislativo, pero mucho más rápido por no estar afectado por la situación política, Ferrán Rodríguez ha valorado de manera positiva los cambios en la normativa técnica que han ayudado a dar “más transparencia a las cuentas de las empresas y a mejorar la calidad de los servicios, y los cambios en las normas internacionales de contabilidad”.

 

 

Durante la jornada se han presentado, además, las conclusiones del informe “Impacto de la auditoría en la empresa valenciana (2007-2017)”, a cargo de Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y socio director de la división de auditoría y assurance de Auren España, y Bernardo Vargas, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Auditores y socio director de KPMG en la Comunitat.

 

El informe realiza una radiografía de la evolución de la empresa autonómica en la última década y refleja el importante papel que juega la auditoría en la evolución de la empresa valenciana: las empresas que se someten a esta revisión financiera y contable multiplican por doce la facturación del resto de compañías, sus ventas aumentaron un 17% y han elevado sus beneficios en un 40% desde 2007.

 

Las empresas auditadas, además, y según indica el estudio, impulsan la creación de empleo, lo que contribuye a mejorar el crecimiento económico general. El informe se ha realizado sobre 18.379 compañías con sede en la CV. En la actualidad, tal y como ha explicado Bernardo Vargas, se audita el 76,5% de la cifra de negocio de todo el sector privado que genera el 67% del total del empleo.

 

 

Respecto al sector de la auditoría, el presidente del ICJCE ha querido trasladar los datos de la última la encuesta de calidad, que el Instituto realiza cada año a todos sus miembros para comprobar cómo evoluciona el sector.

 

“El 47% de las empresas dedicadas a prestar servicios de auditoría espera crecer en 2019 y solo un 9% (cuatro puntos porcentuales menos que hace un año) prevé reducir su facturación. Confiamos en la auditoría como la principal fuente de crecimiento futuro de negocio de la firma, muy por encima de las actividades periciales o el asesoramiento en compliance, que son las siguientes áreas identificadas por los censores como principales fuentes de crecimiento a largo plazo”, ha concluido Rodríguez.

 

 

El Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV representa a los auditores de Valencia, Castellón y Alicante desde 2002. Cuenta con 500 colegiados y 450 sociedades de auditorías que revisan la actividad contable y administrativa de cerca de 4.000 empresas en la comunidad autónoma. Desde el Colegio, que pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, se vela por la defensa de las obligaciones profesionales y los intereses de este colectivo que permite elevar los estándares de transparencia y confianza de toda clase de entidad pública o privada.