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"Cuantas más empresas se auditen, más transparencia habrá en la información financiera"

 

Febrero de 2019.
 
Víctor Alió tomó posesión de su cargo como presidente, para los próximos cuatro años, de la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el pasado mes de diciembre. Alió forma parte del Comité Directivo de la Agrupación de Madrid desde hace 10 años y ha representado a esta corporación profesional en diversos comités de Accountancy Europe (Federación de Expertos Contables Europeos). Asimismo, es miembro del Consejo Directivo del REC] (Registro de Expertos Contables) desde su fundación, hace ahora cuatro años.
 
Alió, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Auditor Censor Jurado de Cuentas, cuenta con una dilatada experiencia en la auditoría y el asesoramiento fiscal, donde ha desarrollado su labor durante los últimos 20 años. Actualmente es socio de la firma Audalia Nexia.
 
¿Cuáles son las líneas estratégicas en su mandato para estos cuatro años?
 
El primer objetivo son nuestros miembros. Hay que continuar con las prestaciones de servicio y el apoyo necesario para que puedan ejecutar adecuadamente su profesión. Además, hay que seguir defendiendo sus intereses junto con el resto de Agrupaciones, Colegios y el propio Instituto a nivel general.
 
Otro de los objetivos marcados es fomentar la formación y resolver las consultas técnicas que puedan tener los auditores en el ejercicio de su trabajo, porque no es una tarea fácil.
 
Asimismo, creemos que es muy importante el futuro del sector. En este sentido, la Agrupación tiene un gran reto: atraer el talento de los jóvenes universitarios. Para ello, contamos con el programa “Proyecto Auditoría- Universidad” en el que tratamos, por medio de diferentes formatos, como la supervisión de un máster, la realización de conferencias, etc. de acercar la profesión a la universidad. Otra de las actividades de este proyecto es “Auditor por un día”, donde los jóvenes universitarios viven un día de trabajo con firmas de auditoría, trabajan con el cliente y perciben de primera mano el trabajo de un auditor. El trabajo del auditor se ha modernizado mucho. Utilizamos nuevas tecnologías en nuestros servicios porque nuestros clientes las usan, y debemos estar al día en los procesos de digitalización. Queremos transmitir a los universitarios que la auditoría es un trabajo con mucho futuro y que son bienvenidos en esta profesión.
 
¿Es conocida la profesión del auditor en la sociedad actual?
 
Me gustaría pensar que sí, pero por desgracia, aún queda mucho camino por recorrer para que la gente conozca verdaderamente esta profesión. Para lograrlo es imprescindible saber explicar a nuestra sociedad y a los grupos de interés qué es la auditoría, para qué sirve, qué se le puede exigir y qué no se le puede exigir a un auditor, su papel en el crecimiento sostenible, en el bienestar social y en la transparencia de las instituciones públicas y privadas. Sin olvidarnos de la importancia del trabajo del Instituto, de las Agrupaciones y los Colegios por y para sus miembros.
 
Para mejorar la imagen y la reputación del sector, el ICJCE está dando pasos importantes para lograr esta meta a través de informes, estudios y otra serie de actuaciones. También se están elaborando determinadas acciones para explicar la aportación de la auditoría y de los Expertos Contables a empresas, entidades financieras, ONGs o a la sociedad.
 
Los auditores aportamos fiabilidad a la información financiera que facilita la empresa. Esta información es utilizada por entidades financieras, inversores, y distintos agentes económicos, generando transparencia y seguridad en los mercados.
 
¿Qué es el estado de información no financiera?
 
Es un nuevo informe que tienen que elaborar las compañías cuyo objetivo es medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las empresas en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos o asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno.
 
En definitiva, las entidades tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la entidad y el impacto de su actividad respecto de las mencionadas cuestiones, y deberán utilizarse indicadores clave no financieros, que puedan ser generalmente aplicados, que cumplan las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI), debiendo mencionar en el EINF el marco utilizado para cada materia.
 
Hay que tener en cuenta que la normativa indica que el EINF debe estar revisado por un verificador independiente. Los auditores entendemos que somos los mejor capacitados para hacer ese tipo de revisión ya que las firmas de servicios profesionales cuentan con equipos multidisciplinares que permiten realizar esos informes con rigor. Existe cierta preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información. La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la sociedad nos está exigiendo.
 
¿Qué empresas se auditan o deberían auditarse en España?
 
En España, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que, como criterio general, todas las sociedades mercantiles están obligadas a auditarse, menos aquellas en las que concurren, al menos, dos de los tres siguientes requisitos:
  1. El total de partidas de activo de la sociedad es menor los 2.850.000 euros.
  2. El importe neto de su cifra anual de negocios es inferior a 5.700.000 euros.
  3. El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio económico no excede los 50.
Para que una sociedad que no está obligada a auditarse pase a estarlo, es preciso, según la LSC, que no cumpla con al menos dos de los tres requisitos durante dos ejercicios económicos consecutivos. También exceptúa la ley de esta obligación, durante el primer año, a las sociedades desde su constitución, fusión o transformación.
 
Está en discusión si es necesario ampliar ese límite para excluir de las auditorías a entidades pequeñas o medianas. En el sector estamos completamente en contra de este enfoque ya que cuantas más empresas se auditen, más transparencia habrá en la información financiera. Esta es una de las razones por las que el Instituto encargó a la Universidad de Cantabria un estudio que demostraba que la auditoría es clave en el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El informe prueba que la auditoría reduce los tiempos para el acceso a préstamos y facilita, generando confianza, la relación con las entidades financieras. Asimismo, los analistas financieros perciben menos riesgo en las empresas auditadas y más fiabilidad en la información financiera que publican.
 
¿El sector público se audita en España?
 
Actualmente hay una política de transparencia en el sector privado, se están mejorando las normas de control y se está reforzando el papel del auditor. En cambio, la tendencia es contraria en el sector público en España. El ICJCE realizó el año pasado un estudio, que actualizará anualmente, sobre la auditoría de los entes locales en Europa. En España no se realiza una auditoría anual completa sobre las cuentas de los ayuntamientos salvo en Barcelona, que sí lo hace por la exigencia de la normativa de los mercados de valores al haber emitido títulos de deuda, y Navarra, que, de manera voluntaria, y contando con la colaboración de auditores privados en el trabajo de campo, audita anualmente el 100% de los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes.
 
¿Y de qué va a depender que se auditen?
 
La reciente publicación en nuestro país del Real Decreto 424/2017, sobre control interno de las entidades locales, es un paso positivo pero insuficiente en la dirección adecuada.
 
En Europa existe una tradición de supervisión basada en la colaboración público-privada que apenas está desarrollada en España. Países como Francia, que hasta ahora basaban la supervisión en un modelo exclusivamente público, están avanzando hacia este tipo de cooperación. Italia o Portugal han girado recientemente hacia la auditoría privada.
 
Las Cámaras de Cuentas y la Intervención General del Estado son las que obtienen los presupuestos necesarios para que, además de utilizar sus medios propios, que son los que son, puedan realizar convenios de colaboración público-privada para que los auditores, colaborando con estas entidades y bajo su supervisión, logren desarrollar el trabajo al que ellas no llegan por su falta de medios.

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