Fondos Covid y cooperación público-privada
Todos los indicadores relativos a la situación económica reflejan cifras preocupantes como consecuencia de la complicada evolución de la pandemia generada por la Covid-19. Las previsiones para España son ciertamente negativas: las recientes estimaciones del Gobierno sitúan en un 11,2% la caída del PIB para este año 2020, con una previsión de paro del 17,1% y un déficit público del 11,3%.
Día a día nos llegan noticias que cuantifican el impacto económico que la crisis provoca en múltiples sectores o actividades, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y desaparición de empresas. De hecho, los datos del INE referidos al tercer trimestre de este año indican que los concursos de acreedores se han incrementado en un 51,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las autoridades europeas y españolas han entendido la importancia de ayudar en lo posible a evitar la desaparición del tejido empresarial, lo que se ha traducido en la aplicación de diversas medidas para mitigar el impacto financiero de las restricciones adoptadas para el control de la crisis sanitaria.
La economía española tiene una buena capacidad de recuperación. Así lo muestra el crecimiento del PIB del tercer trimestre del año, con un aumento del 16,7%, mayor de lo esperado y solo superado en la eurozona por Francia. No obstante, en comparativa interanual, el PIB se sitúa un 8,7% por debajo.
En este contexto, la inyección de 140.000 millones de euros procedentes del Plan Europeo de Recuperación será fundamental para iniciar la recuperación. Se estima que para España los fondos a recibir representan alrededor de un 11% del PIB nacional, y pueden contribuir de manera muy significativa a la recuperación de la caída de nuestra economía durante el presente 2020, así como representar un impulso muy destacado en nuestra modernización, dadas las prioridades a las que está previsto destinar esos fondos. Un impacto enorme.
La adecuada distribución y control de estos recursos es esencial para que su uso eficiente, se destine realmente al objetivo de la recuperación económica y, desde luego, refuerce aquí y en Europa, la imagen de nuestro país como serio y respetable.
Es encomiable que se destinen fondos para asegurar que las empresas y sus trabajadores –con serias dificultades para superar los impactos económicos de la pandemia– puedan contar con el apoyo de los poderes públicos. Pero ante todo resulta fundamental que la asignación de recursos y el posterior control reúnan todos los requisitos de transparencia, razón por la que los profesionales de la auditoría de cuentas y la consultoría tenemos un papel clave en pos del imperativo de una asignación eficiente y transparente de recursos.
Cabe demandar que las sociedades que soliciten apoyo cumplan con sus obligaciones legales (a saber: declaraciones tributarias; depósito de cuentas; auditoría, si fuera el caso; correcta contratación laboral, entre otros). Pero asimismo, sería deseable que los proyectos presentados –con foco en los objetivos estratégicos marcados por la Comisión Europea en lo que concierne a la digitalización, la ecología o la cohesión social– fueran avalados, cuando de acuerdo con las normas particulares sea adecuado, por un profesional independiente.
Desde luego deberá regularse que la aplicación de los fondos se ha llevado a cabo de forma precisa y exclusiva para los fines para los que se habían otorgado, a través de una revisión elaborada por parte de auditores de cuentas con respecto a la efectiva adecuación de los gastos o inversiones a los conceptos subvencionados. La actual legislación española ya incluye en determinados supuestos y para ciertas subvenciones públicas, la obligatoriedad de la revisión por parte de auditores de cuentas de la corrección de su aplicación.
En el caso de los Fondos Europeos para la Recuperación esta exigencia es absolutamente imprescindible, porque es palmario que no pueden quedar sin revisión. Aquí, la colaboración público-privada ha de permitir –ha de garantizar, podría añadirse– una revisión exhaustiva de todos los fondos públicos aplicados a la emergencia sanitaria, económica y social, sin demora, con el propósito de velar –a lo largo de todo el proceso, desde la distribución y la concesión hasta la verificación posterior– por la máxima transparencia. La revisión por parte de organismos públicos puede ser complementaria, no la única. Estaremos ante una avalancha de trabajo que para su adecuada revisión requeriría un gran número de recursos humanos, suficientemente preparados en una tarea altamente compleja, y sin continuidad en el tiempo.
El colectivo de auditores de cuentas tenemos establecidas por ley funciones y obligaciones en relación con la revisión de cuentas. Somos profesionales independientes, sujetos a la normativa y supervisión que regula nuestras actuaciones en pro del interés público. Y nuestra función contribuye de forma sustancial a la transparencia y la confianza en las informaciones –tanto financieras como no financieras– divulgadas por las organizaciones.
El severo impacto económico que ha traído consigo la pandemia demanda todo el apoyo público preciso para aliviar nuestra economía y los puestos de trabajo que dependen de los sectores afectados. Pero eso sí, debe velarse al máximo por la equidad y la transparencia para redundar en los objetivos planteados.
Antoni Gómez es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
