La función de los auditores: ¿guardianes o sabuesos?
En 1896, el Tribunal de Apelación de Inglaterra emitió una sentencia histórica para el sector de la auditoría en el denominado caso de Kingston Cotton Mills. Los hechos eran simples y habían sido reconocidos por todas las partes implicadas: el director gerente de la empresa, que fabricaba tejidos de algodón, había falsificado las cuentas durante muchos años, si bien sus resultados tenían apariencia de legalidad.
Pero lo que se juzgaba en el caso no era la culpabilidad del gerente, sino hasta qué punto los auditores de la compañía debían, en el curso de sus obligaciones de revisión de sus cuentas, haber sospechado del gerente y descubierto la falsificación. El Tribunal absolvió a los auditores argumentando que su papel era de vigilante, y no de detective “perseguidor de ingeniosos mecanismos de fraude”, especialmente cuando no hay motivos para sospechar que hay irregularidades. “El auditor es un perro guardián (a watchdog), no un sabueso (a bloodhound )”, concluyó el juez Lopes, uno de los tres miembros del Tribunal.
Mucha agua ha bajado por los puentes desde entonces, pero el debate sobre el alcance y las características de la función de los auditores sigue vigente hoy en día. La propia Directiva 2014/56 que regula el sector en la Unión Europea, y la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que la adapta a la legislación española y que entra en vigor el próximo 17 de junio, hacen referencia a esta cuestión.
Ambas regulaciones dejan claro que el papel central de los auditores es revisar y verificar los estados contables para garantizar que son una imagen fiel de la realidad de la empresa, si bien han de mantenerse alerta, en aplicación de los principios de independencia y escepticismo profesional, ante cualquier circunstancia que pueda llevar a pensar que se está produciendo alguna irregularidad.
Es importante precisar la naturaleza y los límites de la función auditora, porque existe una brecha de expectativas entre lo que realmente deben hacer los auditores (revisar y verificar las cuentas de empresas o instituciones para comprobar que se han formulado de acuerdo con los principios contables) y lo que algunos piensan que están obligados a hacer (esa labor detectivesca y de persecución del fraude que el Tribunal de Apelación inglés rechazó en 1896). A raíz de los escándalos empresariales aparecidos a principios de siglo (Enron, WorldCom, Ahold), y más recientemente durante la crisis económico-financiera, se han oído algunas voces afirmar que la mala praxis de los auditores ha contribuido a agravar los problemas, lo cual es casi siempre falso e injusto. Antes al contrario, el papel de los auditores ha permitido en muchos casos atenuar las dificultades y clarificar la posición de las empresas en situación comprometida.
Que se reclame a los auditores funciones que escapan de su alcance es un problema serio para la profesión. Pero tiene también un reverso positivo, porque esa exigencia significa que la labor del auditor es apreciada como elemento de equilibrio y control en el cada vez más complejo mundo de las transacciones económicas.
¿Qué tenemos que hacer los auditores para capitalizar ese depósito de confianza y superar las incomprensiones? Desde luego, debemos explicar a qué nos dedicamos y cuáles son los límites de nuestro trabajo. Pero, por encima de todo, tenemos que hacer las cosas bien. La calidad de la auditoría es un principio irrenunciable. Y no solo porque así podremos mejorar nuestra credibilidad, sino porque la auditoría es un instrumento básico para la generación de confianza entre los agentes económicos y, en última instancia, para promover el crecimiento de la economía. Las empresas, las instituciones, los mercados, los inversores, los reguladores, los clientes… todos los colectivos que intervienen en los procesos económicos necesitan información transparente, completa y fiable, y esperan de los auditores un trabajo de alta calidad que les aporte certidumbre y les permita tomar las decisiones correctas. Es por eso por lo que debemos esforzarnos al máximo para poner a su servicio nuestros valores profesionales: integridad, objetividad, competencia, confidencialidad y profesionalidad. Somos conscientes del relieve de nuestro papel como garantes de la información contable y creemos firmemente que nuestra función es de la máxima importancia para el interés público y para la prosperidad de la Sociedad.
Mario Alonso es el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
