Enrique González: “No nos queda otra que gestionar la incertidumbre”
 
 
14.01.2026. Los auditores gallegos trabajan en las cuentas de las empresas correspondientes a 2025 y cuyos informes saldrán a la luz a mediados de este 2026. El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en Galicia (ICJCE Galicia), Enrique González, considera que la función del auditor, como garante de la transparencia y la calidad de la información financiera, es clave para anticipar riesgos, gestionar la incertidumbre y reforzar la confianza en la solvencia de las empresas auditadas, como ha sido siempre. “No nos queda otra que gestionar la incertidumbre”, valora ante el escenario actual, ligado aún a riesgos globales de impacto económico y financiero.
 
Enrique González subraya que la posición de crecimiento económico, del empleo y del comercio internacional que están mostrando las empresas gallegas en 2024 y 2025 “las sitúa en una mejor posición para gestionar los retos y las incertidumbres de 2026”.
 
Los estudios elaborados anualmente por el ICJCE Galicia revelan que las empresas que se auditan representan más del 80% de la facturación privada de Galicia y presentan mejor recuperación, rentabilidad y mantenimiento del empleo que las empresas que no realizan auditoría.
 
De cara al cierre de 2025, ¿cuáles crees que serán los principales riesgos contables y financieros que deberán reflejar las empresas gallegas en sus cuentas anuales?
De cara al cierre de 2025, los riesgos más relevantes para las empresas gallegas seguirán vinculados a la situación de incertidumbre en la que estamos instalados, no tanto económica como política: deterioro de activos, tensiones de liquidez y aumento de la morosidad. Sectores muy presentes en Galicia – industrial, agropecuario, logístico, alimentario o textil– están operando con márgenes más ajustados y mayor volatilidad de costes, lo que obliga a revisar con más rigor los test de deterioro y la valoración de existencias. Además, en las empresas con dificultades de financiación resultará especialmente relevante la evaluación del principio de empresa en funcionamiento y del calendario de vencimientos de la deuda. No nos queda otra que gestionar la incertidumbre.
 
“Sectores muy presentes en Galicia están operando con márgenes más ajustados y mayor volatilidad de costes”
 
¿A qué se refiere con incertidumbre? ¿No vivimos siempre en no saber cómo será el año próximo?
Cuando hablamos de incertidumbre para 2026, nos referimos a riesgos concretos –como tensiones geopolíticas, posibles conflictos, cambios en políticas arancelarias o la evolución de alianzas como la OTAN– cuyo impacto sobre la inflación, la inversión, el consumo, el comercio y el empleo es difícil de prever y puede afectar significativamente a las empresas. La industria gallega está sana, el sector agropecuario está creciendo, el pesquero se ha reordenado y los servicios están creciendo bien. Es muy importante mantener toda esa base, ese tejido empresarial que nos hace ser enormemente resilientes, tanto cuando los demás crecen demasiado como cuando se contraen. Es muy sana esa mentalidad empresarial gallega del sentidiño. Y es clave en nuestra profesión ayudar a las empresas a gestionar riesgos e incertidumbres. En años difíciles, las empresas auditadas tienden a ser más prudentes: reconocen antes los riesgos y presentan resultados más ajustados que las no auditadas. Esa prudencia las hace más sólidas y más creíbles frente a bancos e inversores, y les permite recuperarse con mayor rapidez y salir reforzadas cuando desaparecen las incertezas.
 
“Es clave en nuestra profesión ayudar a las empresas a gestionar riesgos e incertidumbres”
 
¿Y qué partidas de las cuentas anuales consideras que estarán bajo mayor escrutinio por parte de los auditores en 2025?
Las partidas que estarán bajo mayor escrutinio en 2025 serán las que requieran de estimaciones significativas e hipótesis macroeconómicas para su cálculo. De nuevo, cuestiones como la estimación del deterioro del inmovilizado e intangibles, existencias, provisiones y contingencias, así como el reconocimiento de ingresos en contratos a largo plazo, serán partidas que requerirán una atención especial en nuestro trabajo. Y, por supuesto, cualquier área donde la dirección tenga que ejercer un juicio relevante será revisada con especial detalle.
 
¿Cómo crees que afectarán en 2025 las nuevas exigencias normativas y de información –como las relacionadas con sostenibilidad o gobernanza– a la elaboración y auditoría de las cuentas de las empresas gallegas?
Las nuevas exigencias normativas de sostenibilidad y gobernanza implicarán que muchas empresas gallegas y del conjunto de España deban integrar información no financiera (es decir, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza) en sus informes anuales. Eso reforzará los sistemas de control interno y garantizará que esa información sea verificable, junto con las cuentas financieras.
 
“Las nuevas exigencias implicarán que muchas empresas deberán integrar información no financiera en sus informes anuales”
 
¿Qué implica todo ello para el trabajo de auditoría?
Los auditores tendremos un papel más relevante en la verificación de datos de sostenibilidad y en asegurar la calidad y fiabilidad de toda la información reportada, lo que conllevará mayor complejidad en la auditoría de los estados financieros tradicionales. Aunque existen aspectos normativos que están todavía en desarrollo y pendientes de aprobación, se ha iniciado un camino de no retorno en relación con la implicación de las compañías en el ámbito de la sostenibilidad y de la gobernanza. Quizás será más lento de lo inicialmente previsto, pero no tiene marcha atrás. Las empresas tienen que comprometerse con la sostenibilidad y la transparencia en su gobernanza.
 
“Las empresas tienen que comprometerse con la sostenibilidad y la transparencia en su gobernanza”
 
¿Qué pasaría si, en lugar de auditarse el 5% de las compañías, lo hiciera un porcentaje más alto?
Las empresas que se auditan, pequeñas, medianas y grandes, viven más años, son más sostenibles, más rentables y generan más empleo indefinido e igualitario. Esos son los hechos. Si se auditaran más compañías, aumentaría la confianza en la información económica y en la economía de Galicia, lo que facilitaría el acceso a la financiación, reduciría el riesgo de fraude y mejoraría la toma de decisiones de los agentes económicos, en especial, las de los inversores y los bancos. En conjunto, una mayor proporción de empresas auditadas contribuiría a una economía más transparente, estable y competitiva, con efectos positivos la profesionalización empresarial y la calidad del crecimiento económico.
 
“Una mayor proporción de empresas auditadas contribuiría a una economía más transparente, estable y competitiva”
 
Un informe reciente del ICJCE señala que Galicia es la 4a autonomía con mejor calidad de empresas auditadas. ¿A qué lo achacas?
Ese sentidiño, que a veces se ataca por conservador, nos hace mejores. Que Galicia sea la cuarta comunidad autónoma española con menor tasa de informes de auditoría con incidencias en las empresas es la consecuencia de, por un lado, una cultura empresarial que valora la profesionalización y el rigor, especialmente en empresas familiares que han vivido procesos de relevo generacional; y, por otro, del propio trabajo del colectivo de las y los profesionales de auditoría, que ha contribuido a elevar el nivel de formación, buenas prácticas y exigencia técnica. Los datos son una evidencia más de que las empresas gallegas entienden que la auditoría es una herramienta de mejora, no solo un requisito legal.
 
“Las empresas gallegas entienden que la auditoría es una herramienta de mejora, no solo un requisito legal”
 
Desde la experiencia del ICJCE Galicia, ¿qué recomendaciones darías a las empresas gallegas para preparar desde ya sus cuentas y evitar incidencias relevantes en el proceso de auditoría?
La clave es anticiparse. Empezar pronto el cierre, revisar con tiempo las áreas de mayor juicio –deterioros, provisiones, impuestos, empresa en funcionamiento– y documentar bien las estimaciones. También es fundamental reforzar el control interno, especialmente en tesorería, ingresos y existencias. Y, de cara a este ejercicio de 2026, las empresas deben prepararse para convivir con sistemas basados en inteligencia artificial: automatización de procesos contables, controles inteligentes y análisis predictivo. Esto exige gobernanza tecnológica, trazabilidad de datos y controles adecuados sobre los algoritmos. Las empresas que se adelanten en este ámbito tendrán menos incidencias y más eficiencia.
 
¿Cuáles son las cuestiones normativas y legislativas que preocupan a los auditores de cara a las cuentas de 2026?
La llamada Ley Ómnibus, en su intento de homogeneizar y flexibilizar, amenaza con debilitar la verificación independiente precisamente en ámbitos tan sensibles como la sostenibilidad y las memorias no financieras. En un tiempo en el que las empresas deben rendir cuentas, no solo de su rentabilidad, sino también de su impacto social y medioambiental, resulta incoherente relajar los mecanismos de supervisión. Del mismo modo, el anteproyecto de ley que eleva los límites para la auditoría obligatoria plantea un riesgo evidente: reducir el número de empresas auditadas cuando más falta hace reforzar la confianza en el tejido empresarial.
 
“La Ley Ómnibus amenaza con debilitar la verificación independiente en ámbitos tan sensibles como la sostenibilidad”
 
¿Qué se busca con la reducción del número de empresas auditadas?
El anteproyecto pretende reducir las cargas administrativas, lo cual estaría bien si se redujeran cargas o procesos duplicados para la obtención de permisos y licencias en la burocracia autonómica o municipal, si hubiera menos fragmentación normativa y falta de coordinación entre plataformas o si existiera un mayor control del absentismo laboral. Por eso, reducir cargas administrativas y costes eliminando la auditoría no es la solución: hay que tener en cuenta otros muchos frentes con costes adicionales que son muy relevantes para las pymes. Cada vez que una empresa renuncia a la transparencia, el mercado se debilita. Y cada vez que una auditora o auditor pierde espacio, la economía pierde credibilidad.
 
Foto: Punto GA-M. Riopa.

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