El reporte de información no financiera: nuevo paso en favor de la transparencia
El pasado 28 de diciembre, el Gobierno aprobó una modificación legal por la que se establece la obligatoriedad para una serie de empresas de publicar un estado de información no financiera relevante en relación a sus actividades.
Esta ley responde a la aplicación en España de la Directiva europea de 2014, en materia de divulgación de información no financiera y de diversidad, consecuencia de la sensibilidad de la sociedad respecto a las materias que tienen que ver con factores sociales y medioambientales. La divulgación de esta información pretende contribuir a la medición, supervisión y gestión, tanto del rendimiento de las empresas, como de su impacto en la sociedad, fomentando así una visión a largo plazo que contribuya a la sostenibilidad.
Ese estado de información no financiera debe incluir información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, información sobre el personal de la empresa, e información al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Afecta en esencia a las empresas de más de 500 trabajadores, si bien la disposición transitoria establece que, transcurridos tres años, la obligación del estado de información no financiera se extenderá a las empresas de más de 250 trabajadores que cumplan una serie de requisitos.
En muchas ocasiones, la información no financiera puede ser mucho más relevante que la financiera en relación a muchas entidades. Especialmente, para las entidades no lucrativas que, por su propia esencia, no persiguen beneficio económico, sino incidir socialmente en ámbitos propios de sus propios fines fundacionales. Facilitar a sus terceros interesados información de su actuación en los ámbitos no financieros constituye no sólo un ejercicio de transparencia que facilita la confianza de los terceros, sino incluso un acto de responsabilidad, dando ejemplo a su propio entorno del compromiso con estas materias.
Muchas sociedades mercantiles, de forma muy especial aquellas cuyas actividades están más próximas al interés común (salud, educación, asistencia social, etc), deben ser especialmente sensibles respecto a comunicar a su entorno información no financiera, en tanto en cuanto ésta puede ser más relevante para muchos destinatarios que la relativa a sus estados contables.
En la medida en que las empresas, la administración pública y los ciudadanos internalicemos la importancia de la información no financiera como material sensible respecto a la relación de las organizaciones con las personas y su entorno, más se extenderá su divulgación. Sin duda, esto contribuirá a una sociedad mejor y más sostenible.
La transparencia aporta valor. Actualmente más de un 30% de los informes de auditoría financiera que se realizan en España lo son con carácter voluntario. Esto muestra la importancia que los operadores económicos dan a la divulgación de una información fiable revisada por los auditores. Es de esperar pues, que el mismo proceso se repita con los estados de información no financiera. Que las empresas y entidades en general, preparen y divulguen estos reportes, como medio de generar confianza con su entorno, con independencia de su obligación legal.
Los estados de información no financiera deben ser verificados por profesionales independientes. Este aspecto está claramente establecido en la ley a la que hacíamos referencia al inicio. Si la información facilitada no es pertinente y veraz, puede generar una desconfianza social respecto a la misma tremendamente dañina. Debemos evitar que el informe se considere como un mero requisito burocrático, sin capacidad de transformación social.
Existen estándares internacionalmente reconocidos como normas de auditoría de información no financiera, como el ISAE 3000, la norma de aseguramiento de información no financiera emitida por la International Federation of Accountants. Y, desde luego, los auditores somos probablemente los profesionales más adecuados para llevar a cabo esta verificación. No es de extrañar que los auditores ya verifiquemos las memorias de sostenibilidad y los informes de gobierno corporativo de la gran mayoría de las empresas del IBEX35.
Muchos de los procedimientos de trabajo que realizamos los auditores, sirven para validar tanto la información financiera, como la no financiera. Así, verificamos la confianza que ofrecen los sistemas informáticos, verificamos la coherencia y razonabilidad de las cifras, y estudiamos el control interno para asegurar que los procedimientos y las evidencias que tiene la compañía nos permiten confiar en su organización. Valoramos, además, los aspectos críticos que suponen eventuales riesgos y pueden comprometer su sostenibilidad.
Nuestro trabajo de auditoría financiera requiere el análisis en profundidad de muchos aspectos que son relevantes para una correcta verificación de los reportes de información no financiera. La complejidad de nuestro trabajo hace que, desde ya hace tiempo, nuestras firmas sean multidisciplinares, incluyendo en nuestros equipos expertos en ciberseguridad, en organización y procesos, en medioambiente, Recursos Humanos, o seguridad laboral, otros.
Todos esos aspectos están íntimamente vinculados con el reporte de información no financiera a elaborar y verificar. Si a eso le añadimos que los auditores estamos sujetos a una regulación estricta en aspectos como independencia, ética, formación permanente, y que todos esos aspectos debemos registrarlos y documentarlos para su eventual revisión por parte de los supervisores de la profesión, es fácil concluir la adecuación de las firmas auditoras para la verificación independiente que requieren los reportes de información no financiera.
Las firmas auditoras realizamos funciones de interés público, lo que explica nuestra regulación y supervisión. La verificación de los reportes de información no financiera amplia la contribución que venimos haciendo en pro de la transparencia y de la confianza, respecto de las empresas y otros operadores económicos.
Antoni Gómez es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
