Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad de Entidades del Sector Público
Sostenibilidad en el Sector Público
La sostenibilidad se ha convertido en un pilar esencial en la gestión del sector público, abarcando aspectos ambientales, económicos y sociales. Son diversas las razones por las que las entidades del sector público estarían interesadas en la elaboración de información sobre sostenibilidad. Leer más
Organismos y marcos de referencia en la elaboración de información sobre sostenibilidad
Existen diferentes organismos y marcos que apoyan y guían la elaboración de informes de sostenibilidad en el sector público. Algunos de los más destacados son:
- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB): Este organismo desarrolla normas contables para el sector público y está trabajando en un estándar específico de sostenibilidad, considerando la relevancia de este tipo de información para los gobiernos y entidades públicas. Visitar IPSASB.
- Global Reporting Initiative (GRI): Aunque el GRI no dispone de un estándar específico para el sector público, sus estándares son ampliamente utilizados por entidades públicas a nivel mundial. El GRI ayuda a estas entidades a informar sobre sus impactos en sostenibilidad, promoviendo la comparabilidad y la transparencia.
- European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): En el contexto europeo, el EFRAG ha desarrollado los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), aplicables bajo la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Aunque no están diseñadas específicamente para el sector público, muchos de sus conceptos son útiles y se adoptan como referencia por entidades públicas. Conocer más sobre el EFRAG.
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): El TCFD desarrolló un marco para ayudar a las empresas y organizaciones a revelar de manera más efectiva los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a través de sus procesos de presentación de informes existentes. Desde el 12 de octubre de 2023, el TCFD quedó integrado en el International Sustainability Standards Board (ISSB). Más información.
- International Sustainability Standards Board (ISSB): El ISSB es un organismo independiente de establecimiento de normas dentro de la Fundación IFRS, creado para desarrollar estándares globales de divulgación de sostenibilidad de alta calidad. El ISSB se basa en iniciativas previas como el Climate Disclosure Standards Board (CDSB), el Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), el Integrated Reporting Framework y los estándares de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB). El ISSB trabaja en estrecha colaboración con el IASB para garantizar la coherencia entre los estándares de contabilidad y los de divulgación de sostenibilidad, promoviendo una presentación de informes conectada y eficiente. Más información sobre ISSB.
Según el informe "Evolving Climate Accountability: A Global Review of Public Sector Environmental Reporting" de CIPFA, existen al menos 12 marcos que podrían aplicarse a la sostenibilidad en el sector público, aunque no están específicamente diseñados para ello. Algunos de estos marcos son:
- Accountability AA1000 series of standards
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
- Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)
- Global ESG Benchmark for Real Assets (GRESB)
- Global Reporting Initiative (GRI)
- International Integrated Reporting Council (IIRC)
- ISO 26000- Guidance on social responsibility
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- UN Global Compact (UNGC)
Entre los marcos internacionales más recientes destaca el informe de la OECD (2025), Advancing Public Sector Sustainability Reporting, que analiza cómo las Administraciones Públicas pueden mejorar la calidad, utilidad y coherencia de su información de sostenibilidad. Este documento subraya que el reto no reside únicamente en publicar memorias, sino en integrar la sostenibilidad en los procesos de gestión, planificación y presupuesto, evitando la proliferación de reportes fragmentados y sin conexión entre sí. La OECD propone avanzar hacia modelos de reporte racionalizados, estructurados y orientados a la toma de decisiones, incorporando además el enfoque de “layered reporting”, que distingue niveles de detalle según las necesidades de cada grupo de interés. Este marco constituye una referencia relevante para comprender las tendencias internacionales en transparencia no financiera dentro del sector público.
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Primeros pasos normativos y ejemplos de implementación
En Europa, la contratación pública y otras legislaciones refuerzan la importancia de la sostenibilidad en las operaciones del sector público. Las directivas de contratación y otros reglamentos de la UE establecen un marco para incluir criterios de sostenibilidad en las compras y proyectos públicos.
Desde el 2014, la Unión Europea ha adoptado las siguientes directivas que establecen el marco para la contratación pública en los Estados miembros:
- Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. Esta Directiva regula los procedimientos de contratación pública en la UE, promoviendo la transparencia, competencia e igualdad de trato. Esta directiva también permite y alienta la inclusión de criterios ambientales y sociales para hacer los procesos de contratación más sostenibles. Leer más
- Directiva 2014/23/UE sobre adjudicación de contratos de concesión. Establece un marco común para la adjudicación de contratos de concesión en la UE, promoviendo la transparencia, competencia y acceso equitativo a los mercados. Si bien la directiva permite la consideración de criterios ambientales y sociales, no se enfoca principalmente en la sostenibilidad, sino en regular las condiciones de adjudicación de estos contratos. Leer más
- Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública en sectores específicos. Regula los procedimientos de contratación pública en sectores clave como el agua, la energía, el transporte y los servicios postales, con el objetivo de garantizar la competencia leal y el acceso no discriminatorio a estos mercados. Esta directiva permite a las entidades adjudicadoras la opción de integrar criterios sociales y ambientales en sus procesos, promoviendo prácticas más sostenibles cuando sea pertinente. Leer más
- La Comisión Europea inició en diciembre de 2024 una consulta pública para revisar y modernizar las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, con el objetivo de simplificar los procedimientos y reforzar la contratación estratégica, especialmente en materia de sostenibilidad, digitalización e innovación.
Además de estas directivas, destacan el:
- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020: El Reglamento establece la Taxonomía de la UE, un sistema de clasificación que define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles. Aunque su aplicación principal se orienta al sector financiero y privado, también tiene implicaciones relevantes para el sector público, especialmente en proyectos y financiaciones que deben alinearse con criterios de sostenibilidad.
- Desde 2023, este marco se ha reforzado mediante diversos actos delegados, conocidos como “Taxonomy Omnibus”, que actualizan los criterios técnicos e incorporan nuevas actividades sostenibles. Estas modificaciones buscan simplificar la aplicación, reducir cargas administrativas y garantizar la coherencia con la Directiva CSRD y los estándares ESRS, integrando la taxonomía en los informes de sostenibilidad corporativa. En conjunto, estas mejoras contribuyen a una aplicación más efectiva en la planificación y financiación de proyectos públicos.
- Reglamento (UE) 2019/2088: El Reglamento (UE) 2019/2088 establece obligaciones de divulgación sobre sostenibilidad para participantes en los mercados financieros, lo que repercute indirectamente en proyectos públicos financiados con fondos europeos. Desde 2023, este marco se refuerza con la Directiva CSRD y los estándares ESRS, que amplían el alcance y la profundidad de la información no financiera exigida a las organizaciones. En conjunto, estas normativas impulsan una mayor transparencia y refuerzan que las decisiones de inversión y contratación pública tengan en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.
Además de estas normativas, la Comisión Europea ha emitido diversas comunicaciones y guías para promover las compras públicas sostenibles. Una de las más destacadas es la Comunicación "Contratación pública para un medio ambiente mejor" (COM(2008) 400 final), publicada en 2008. Esta comunicación proporciona directrices para reducir el impacto ambiental del consumo del sector público y fomentar la Contratación Pública Ecológica (CPE) como herramienta para estimular la innovación en tecnologías, productos y servicios medioambientales.
Para facilitar la implementación de la CPE, la Comisión ha desarrollado criterios medioambientales comunes aplicables a diversos grupos de productos y servicios. Estos criterios están disponibles en el Manual sobre adquisiciones ecológicas, que sirve como guía para las administraciones públicas en la adquisición de bienes y servicios con bajo impacto ambiental. Leer más
Asimismo, la Comisión Europea ha recopilado casos prácticos y buenas prácticas en materia de contratación pública sostenible. Por ejemplo, en 2020 se publicó un documento que reúne 71 buenas prácticas en este ámbito, con el objetivo de mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable. Leer más
Por otro lado, en España, la normativa de sostenibilidad que afecta al sector público está alineada con las directivas europeas y se complementa con leyes y estrategias nacionales. Se basa en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, entre otras. Además, diversas estrategias y planes como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Economía Circular impulsan la sostenibilidad en el ámbito público, tanto a nivel de contratación como en la gestión de infraestructuras y servicios.
A continuación, destacamos algunos ejemplos de normativas que por su temática impactan al sector público en materia de sostenibilidad en España. Estas son:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Leer más
- Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Leer más
- Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Esta orden subraya la importancia de planificar y gestionar los recursos públicos de manera que se apoyen los objetivos de sostenibilidad. Leer más
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. La ley incluye medidas específicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de energías renovables, esenciales para una gestión pública comprometida con la sostenibilidad Leer más
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Esta ley contempla la posibilidad de integrar la sostenibilidad en la planificación presupuestaria mediante la asignación de recursos a proyectos y políticas que fomenten la transición ecológica y la reducción de la huella ambiental en la gestión pública. Leer más
- La incorporación de criterios de sostenibilidad en el sector público español encuentra uno de sus hitos iniciales en la aprobación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que modificó el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas mediante la Información No Financiera y de Diversidad (EINF) en determinadas sociedades mercantiles que cumplen los requisitos establecidos en la norma. Aunque su aplicación se dirige específicamente a estas entidades, la ley ha ejercido un efecto impulsor en el sector público, al ofrecer un marco metodológico y conceptual que ha orientado la evolución de las prácticas de reporte en distintas instituciones públicas, contribuyendo a una mejora progresiva de la información divulgada en materia de sostenibilidad.
- Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó en su página web la “Guía informativa sobre la aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre”, un documento clave que aclara los requisitos, contenidos mínimos y criterios de verificación vinculados a la EINF. Esta guía facilita la interpretación de la norma y constituye una herramienta esencial tanto para entidades privadas como públicas que desean mejorar sus procesos de reporte y alinearlos con los estándares emergentes en sostenibilidad.
- Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Leer más
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