Unos 3.400 entes dependientes de los Ayuntamientos tendrán que auditarse
- Los interventores podrán contratar firmas privadas para revisar las cuentas municipales
Octubre de 2018.
Unas 3.379 entidades dependientes de los Ayuntamientos tendrán la obligación de auditarse a partir de 2019, según el Real Decreto 424/2017, aprobado hace un año, pero que entró en vigor el 1 de julio de este año. Esta norma trata de regular el control interno (cumplimiento de normas financieras, contables y de auditoría) del sector público local.
Los interventores locales tendrán que aplicar esta normativa sobre los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades y empresas públicas, fundaciones y asociaciones con capital público municipal.
La norma "afecta a la totalidad del sector público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales", señala la exposición de motivos del citado decreto. El decreto fija un plazo de tres años, a partir de 2019, para que el interventor municipal asegure "con medios propios o externos" el control efectivo del presupuesto general de la entidad local.
Y abre la puerta a que las firmas privadas de auditoría puedan colaborar con los interventores en la revisión, a posteriori, de los ejercicios cerrados de las cuentas de 3.400 de estas entidades dependientes.
Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y miembro de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) explica: "¿Qué alcance tiene esto para el auditor privado? Los auditores no podrán colaborar en todo, pero sí en la auditoría de cuentas de estas casi 3.400 entidades dependientes".Y añade que "la oportunidad para las firmas de auditoría es importante". Además, avisa: "Pero, ojo, solo como colaboradoras del interventor".
El decreto en realidad define el marco normativo para que los interventores municipales puedan asegurar el control interno. "El modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo del 100% del presupuesto general consolidado del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el 80% mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. Para este último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el 100% del presupuesto general consolidado", señala el decreto.
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