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  • Los interventores podrán contratar firmas privadas para revisar las cuentas municipales 
 
Octubre de 2018.
 
Unas 3.379 entidades dependientes de los Ayuntamientos tendrán la obligación de auditarse a partir de 2019, según el Real Decreto 424/2017, aprobado hace un año, pero que entró en vigor el 1 de julio de este año. Esta norma trata de regular el control interno (cumplimiento de normas financieras, contables y de auditoría) del sector público local.
 
Los interventores locales tendrán que aplicar esta normativa sobre los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades y empresas públicas, fundaciones y asociaciones con capital público municipal.
 
La norma "afecta a la totalidad del sector público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales", señala la exposición de motivos del citado decreto. El decreto fija un plazo de tres años, a partir de 2019, para que el interventor municipal asegure "con medios propios o externos" el control efectivo del presupuesto general de la entidad local.
 
Y abre la puerta a que las firmas privadas de auditoría puedan colaborar con los interventores en la revisión, a posteriori, de los ejercicios cerrados de las cuentas de 3.400 de estas entidades dependientes.
 
Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y miembro de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) explica: "¿Qué alcance tiene esto para el auditor privado? Los auditores no podrán colaborar en todo, pero sí en la auditoría de cuentas de estas casi 3.400 entidades dependientes".
 
Y añade que "la oportunidad para las firmas de auditoría es importante". Además, avisa: "Pero, ojo, solo como colaboradoras del interventor".
 
El decreto en realidad define el marco normativo para que los interventores municipales puedan asegurar el control interno. "El modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo del 100% del presupuesto general consolidado del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el 80% mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. Para este último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el 100% del presupuesto general consolidado", señala el decreto.
 
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